Hoy en día, hay muchos edificios con más de 40 años. La ITC es una inspección obligatoria y periódica que deben pasar todas las construcciones de León de más de 40 años con el fin de garantizar su SEGURIDAD y SALUBRIDAD. La norma municipal que regula la ITC es la Ordenanza Municipal Reguladora de la Inspección Técnica de Construcciones. La ITC revaloriza y alarga la vida de un edificio. También permite tener el edificio en óptimas condiciones de seguridad. Previene daños estructurales, caída de materiales y evita riesgos físicos para las personas al circular por la vía pública. También es necesaria la ITC (Inspección Técnica de Construcciones) para certificar una vivienda en un proceso de compra o venta de una vivienda, la inscripción del edificio en el Registro de la ITC acredita su seguridad estructural y salubridad. Las entidades bancarias y aseguradoras podrán exigirla para la formalización de préstamos y seguros.
Hay veces que el importe de reparación o adecuación de la vivienda, puede tener un coste muy elevado. En muchos casos se opta por el derribo o la demolición del edificio y desescombro a planta de reciclaje. El coste de la operación de demolición de una casa, variará en función del tamaño de la casa a derribar, del desescombro en vía pública, permisos, seguros… y de la cercanía a la planta de reciclaje y complicación técnica de la obra.
Un ejemplo sería el de una vivienda con un bajo comercial y primer piso de 300 metros cuadrados a derribar. El coste aproximado estaría alrededor de los 7.000 € por vivienda.
Hay costes administrativos que no están incluidos en el precio anterior y que son de obligado cumplimiento, como puede ser la licencia de obra del ayuntamiento o el informe a la compañía eléctrica para la retirada del cableado de la fachada del edificio a derribar. También es necesario acompañar la licencia de obra, de un seguro de derribo que puede costar unos 1.000 €, dependiendo del volumen de obra, condiciones y localidad. También es necesario un proyecto de demolición o derribo por un técnico cualificado, cuyo importe puede oscilar entre 1.500 € a 3.000 €, dependiendo del edificio a demoler. Por último es necesario establecer un Plan General de Seguridad, cuyo importe está sobre los 200 €.
